BUENOS AIRES (IPS) El gobierno argentino de Néstor Kirchner avanza en una agenda sobre salud sexual y reproductiva en sintonía con reclamos de organizaciones femeninas, dejando atrás más de una década perdida de políticas conservadoras y su consecuente defensa en foros mundiales de mujeres y población.

En procura de recuperar el tiempo perdido, Argentina logró en poco más de dos años lo que no se había conseguido en más de 10 años, y a fin de potenciar este impulso comenzó a trabajar en alianza estrecha con los demás países del Mercosur (Mercado Común del Sur), Brasil, Paraguay y Uruguay y sus asociados, Bolivia y Chile.

El ”cambio de paradigma”, como lo define hoy el argentino Consejo Nacional de la Mujer, se produjo luego del colapso social, económico y político de fines de 2001, que catapultó los indicadores de pobreza, indigencia y desnutrición infantil hasta trepar a niveles nunca registrados antes en este país.

”La variación es formidable, comenzamos a trabajar en sintonía y ya no nos avergüenza defender conjuntamente la posición del gobierno”, dijo a IPS la directora de la Fundación para el Estudio y la Investigación sobre la Mujer, Mabel Bianco, quien estuvo al frente del Programa Nacional del Sida (síndrome de inmunodeficiencia humana) en parte del trunco gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).

Del mismo modo se manifestó la directora ejecutiva del Instituto Social y Político de la Mujer, María José Lubertino. ”Hay una nueva sinergia” entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, que se expresó en las últimas reuniones regionales sobre temas de mujeres y población, indicó.

La confirmación del cambio también llega desde las organizaciones contrarias al aborto. ”Argentina se pasó al bando abortista”, señalaba hace pocas semanas un cable de Puerto Vida, un sitio en la red mundial de computadoras (Internet) que recoge información de la red Pro-Vida y su campaña contra la interrupción voluntaria del embarazo.

Bianco y Lubertino participaron como delegadas de la sociedad civil en casi todas las conferencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre población y mujer celebradas en la primera mitad de los años 90, así como en las reuniones en las que se revisó el cumplimiento efectivo de los compromisos de esas cumbres mundiales en la segunda parte de esa década.

”Las posiciones del gobierno argentino, que en ese momento presidía Carlos Menem (1989-1999) realmente nos avergonzaban”, sostuvo Bianco. Argentina asumió allí posturas conservadoras alineadas con el Vaticano y con países musulmanes y en contra de la mayor parte de los países de América Latina.

Según Bianco, los principales argumentos en defensa de aquellas posiciones ”extremas” apuntaban a los derechos sexuales y reproductivos.

”Se argumentaba que detrás de las iniciativas de planificación familiar, de prevención del VIH (Virus de inmunodeficiencia humana causante del sida) o de educación sexual se encubría siempre la idea de despenalizar el aborto, y se defendía el esquema de familia tradicional por temor al reconocimiento de uniones homosexuales”, recordó la sanitarista.

”Se llegó a prohibir el uso de la palabra 'género'”, aseguró Bianco, una posición similar a la sustentada por la jerarquía de la Iglesia Católica de Argentina y grupos afines.

”Era un pacto del gobierno (de Menem) con la cúpula de la iglesia en el cuál se negociaba a las mujeres como moneda de cambio”, refirió Bianco.

A lo largo de los dos gobiernos consecutivos Menem, quien instauró el ”día del niño por nacer”, se presentaron 24 proyectos de ley de salud sexual y reproductiva todos los cuales se frenaron en el Congreso legislativo. Recién en octubre de 2002, los parlamentarios aprobaron una norma amplia que contó con el respaldo de las organizaciones no gubernamentales.

”La crisis puso tan en evidencia el problema de la pobreza, el embarazo adolescente y la desnutrición infantil que mucha gente, incluso alguna que de buena fe coincidía con los argumentos más conservadores, cambiaron su posición hacia el fomento de la planificación familiar”, subrayó Bianco.

El Senado incorporó con la elección directa de sus miembros por la ciudadanía a partir de 2000, dejando atrás la tradicional designación que hacían los parlamentos provinciales, el cupo mínimo femenino aprobado a inicios de los años 90 para la Cámara de Diputados.

Ello provocó un aumento de la representación de las mujeres en el Senado y, por consiguiente, un empuje fundamental a un asunto que ya había sensibilizado a la opinión pública.

Poco después de la sanción de la ley en 2002 se pudo poner en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que garantiza el acceso gratuito a métodos anticonceptivos a hombres y mujeres en hospitales públicos, así como la instalación de equipos de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, entre otras medidas.

El Ministerio de Salud también avanzó en programas de prevención del sida que prevén el reparto masivo de preservativos y ahora el titular actual de la cartera, Ginés González García, propuso también el debate sobre la educación sexual para todos los niveles de la enseñanza con la meta de evitar el embarazo adolescente.

Pero la reacción no se hizo esperar. Pro-Vida resiste el reparto de preservativos, así como la ley y el programa de salud sexual y reproductiva. Para esa entidad, el cambio de posición argentina es ”una derrota ética”, porque, según esa organización, ahora ”se favorece oficialmente el aborto, el lesbianismo y otras aberraciones”. (FIN)