WASHINGTON (IPS) Los logros en Afganistán e Iraq, países sometidos a ocupación militar por Washington, son los más resonantes del último informe sobre los derechos humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pero en el resto de Medio Oriente y Asia central, la situación en la materia es desoladora, de acuerdo con el estudio que año a año elabora la oficina del gobierno estadounidense que encabeza Colin Powell.

En la introducción del informe se considera malo el panorama de los derechos humanos en varios países, entre ellos Bielorrusia, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Rusia y Zimbabwe.

Las organizaciones de derechos humanos consideraron que el estudio es completo y, en general, ajustado a la realidad, pero destacaron que el gobierno de George W. Bush no toma en serio esa información oficial al formular sus estrategias.

”El contenido del informe tiene poca correspondencia con la política exterior de la administración”, dijo el director ejecutivo de la filial estadounidense de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, William Schulz.

”De hecho, la 'brecha de sinceridad' de Estados Unidos es cada vez más profunda, al pasar por alto abusos de sus aliados y justificar acciones contra sus enemigos con referencias post-facto a violaciones de derechos humanos”, agregó Schultz, en alusión a la ocupación de Afganistán e Iraq.

”En respuesta, muchos países elegirán acallar las críticas a sus abusos mediante una mayor cooperación con la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo, en lugar de elegir respetar los derechos humanos”, agregó.

El informe alimentará acusaciones de hipocresía contra el gobierno, advirtió Neil Hicks, director internacional de la organización Human Rights First (antes Comité de Abogados para los Derechos Humanos).

”Por un lado, llama a otros países a respetar los derechos humanos, y, al mismo tiempo, reincide en sus alianzas con estados que, según el propio informe, cometen serias violaciones de derechos humanos. Todo ello en nombre de la guerra contra el terror'”, dijo Hicks.

Anticipándose a las críticas, los autores del estudio niegan en el propio texto que el gobierno sea más tolerante con los aliados autoritarios en el combate al terrorismo.

”No es sorprendente que algunos gobiernos autoritarios desde Medio Oriente y Asia central hasta China hayan intentado justificar viejos actos de represión al inscribirlos en la nueva guerra contra el terror”, indica el estudio.

”Los políticos estadounidenses rechazaron y reprocharon tales intentos de encasillar a aquellos que expresan pacíficamente sus pensamientos y creencias como 'terroristas'”, añade. El informe, cuya elaboración fue ordenada por una ley aprobada en 1976, cubre la situación de derechos humanos en casi 200 países durante 2003 y tiene en esta ocasión 2.500 páginas de extensión.

El estudio es considerado por expertos el principal y más completo en la materia, pues se basa sobre información recogida por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, medios de prensa locales y representaciones diplomáticas estadounidenses.

El documento destaca como gran logro en Afganistán la aprobación el mes pasado de una constitución ”moderada” por parte de la Loya Jirga (asamblea nacional), y la ”liberación” de Iraq a manos de la coalición militar encabezada por Washington.

Esa operación, iniciada el 20 de marzo y cuya finalización fue declarada el 1 de mayo, ”acabó con años de graves violaciones de derechos humanos por el régimen del (ex presidente iraquí) Saddam Hussein”, según el informe.

El prólogo del estudio atribuye la persistente violencia e inseguridad en Afganistán al movimiento fundamentalista islámico Talibán, que controló el país entre 1996 y 2001, y al narcotráfico, pero no menciona el papel de los señores de la guerra que hasta hace poco recibieron apoyo estadounidense.

”Esta es una omisión bastante importante”, dijo el director de la oficina en Washington de la organización de derechos humanos Human Rights, Tom Malinowski.

Del mismo modo, el informe sobre Iraq se limita a recitar los abusos cometidos durante el régimen de Saddam Hussein, sin hacer mención a los abusos atribuidos a la fuerza ocupante liderada por Estados Unidos.

El documento también critica actividades de Israel en los territorios árabes que ocupa, entre ellas ”persistentes abusos, el uso de fuerza excesiva por los cuerpos de seguridad, el bombardeo y las redadas en áreas civiles palestinas y la demolición de viviendas y propiedades”.

En Cuba, según el prólogo del estudio, los abusos se ”agravaron radicalmente” con la sentencia a penas de prisión promedio de 20 años contra 75 disidentes. El informe aplaudió la reducción de los secuestros, matanzas y desplazamientos forzados de civiles en Colombia y la acusación formal contra comandantes militares acusados de diversos abusos.

Además, atribuye el ”bloqueo político” en Haití al presidente Jean-Bertrand Aristide, ”sus simpatizantes y secuaces”, así como a sectores de la oposición.

En el prólogo también se acusa a China de ”reincidir” en abusos, en especial contra la minoría musulmana uighur, los lamaístas de Tibet y la población de ese territorio en general y opositores en la región administrativa especial de Hong Kong.

Además, identifica a Corea del Norte como ”uno de los regímenes más inhumanos del mundo”, y observa que en Birmania ”la extremadamente pobre situación de los derechos humanos empeoró en 2003” con embates contra la líder opositora Aung San Suu Kyi y sus seguidores.

El Departamento de Estado acusó al gobierno de Rusia de preparar elecciones parlamentarias y locales en Chechehia poco transparentes, al ejercer presión sobre la prensa, la oposición y organizaciones no gubernamentales.

El informe menciona avances en Africa y en Medio Oriente, incluidos acuerdos de paz en Burundi y Liberia y ”ligeras” mejoras en la situación de los derechos humanos en República Democrática del Congo.

El prólogo muestra entusiasmo ante las medidas de fortalecimiento de los derechos humanos y contra la corrupción adoptadas por el gobierno de Kenia y la aprobación de una nueva constitución en Ruanda.

Pero el gobierno de Zimbabwe ”continuó dirigiendo una campaña deliberada de violencia, represión e intimidación”, mientras en Sierra Leona, Nigeria y Mauritania se celebraron elecciones que no cumplieron los criterios internacionales de transparencia y justicia. (FIN)