BOGOTA (IPS) El uso del sistema judicial de Colombia como mecanismo de guerra podría quedar en evidencia en el cruce de comunicados entre el gobierno del derechista Alvaro Uribe y las izquierdistas FARC, en torno al canje de rehenes y combatientes.

Así lo dijo a IPS el jurista Agustín Jiménez, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), fundado en 1973 por el escritor Gabriel García Márquez.

En un aparente giro de posición, el gobierno anunció el 18 de agosto estar dispuesto a liberar a 50 guerrilleros bajo proceso o cumpliendo pena de prisión por el delito de rebelión contra el Estado, a cambio de ”secuestrados políticos y miembros de la fuerza pública” en manos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Los sujetos al trato --en este país que lleva 40 años de guerra civil-- serían 24 políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, su compañera de fórmula electoral Clara Rojas, cinco parlamentarios, 12 diputados regionales, un ex gobernador y un ex ministro.

También 20 oficiales y suboficiales de policía y 14 militares que permanecen, algunos desde hace siete años, en manos de las FARC, que a cambio de su liberación reclaman la libertad de ”todos los guerrilleros presos”.

El portavoz presidencial Ricardo Galán precisó que los guerrilleros que resulten liberados no podrán tener cargos de delitos atroces, secuestro o narcotráfico.

Las FARC respondieron que la propuesta oficial ”carece de realismo y seriedad”, y reclamaron que corresponde a la guerrilla definir ”cuáles y cuántos son sus presos”.

Desde 1997, recordó Jiménez, las normas legales ”desmembran los actos delictivos de la rebelión, para convertirlos en delitos autónomos. Jurídicamente hay una medición diferente de cada delito, con lo cual se agrava aún más la situación de las personas que tienen la condición de rebelde”.

Esto podría ser ”una talanquera para conseguir un acuerdo humanitario” para el canje en los términos planteados por el gobierno, arguyó.

Así, delitos conexos a la rebelión cometidos en el marco de la calidad de insurgente, se consideran independientes y las penas de cárcel se suman de manera también independiente.

Algunos presos ”han denunciado públicamente que están condenados de manera arbitraria más allá de lo que deben responder jurídicamente. Muchos de ellos ya han reconocido en su proceso que son rebeldes, pero la utilización del sistema de justicia contra ellos de manera implacable ha ocasionado condenas mucho más altas”, dijo Jiménez.

Además, existen muchos casos en los que a una persona a punto de cumplir su pena y ”teniendo la acusación desde el primer día, le guardan unas acusaciones para iniciarle procesos antes de que prescriba la acción penal, y así tienen la posibilidad de condenarla periódicamente por hechos conexos” a la rebelión, explicó Jiménez.

El jurista ve en estos métodos ”una violación a la independencia del sistema de justicia, que se comporta de acuerdo a lo que quiere el gobierno”.

En estas condiciones, para estos presos ”a los que se les está violando gravemente su derecho a la libertad, la única posibilidad de alcanzarla es el intercambio humanitario”, sostuvo.

”No hay un solo guerrillero preso únicamente por rebelión”, comentó a IPS Felipe Torres, miembro del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), libre tras cumplir 10 años de condena. Según él, habría unos 400 guerrilleros presos.

El portavoz presidencial admitió que el gobierno ignora cuántos guerrilleros cumplen los requisitos planteados para el canje, por lo cual ”le hemos pedido a la Fiscalía que nos dé un reporte, y lo más increíble es que ellos (los fiscales) tampoco saben”.

Jiménez calculó que ”ahora hay unas 4.500 personas acusadas de rebelión y delitos conexos”.

El jurista precisó que de los 250 casos de personas acusadas de delitos políticos que maneja el CSPP, entre cinco y 10 cumplirían el requisito gubernamental de tener sólo acusación de rebelión y de un delito menor, como porte de armas, hurto de ganado o robo bancario.

El CSPP no lleva casos que impliquen cargos de narcotráfico, una modalidad reciente de acción jurídica contra insurgentes.

Para condenar a alguien por rebelión ”es preciso que la persona haya aceptado su condición de insurgente o bien que haya sido detenida en una acción de combate”, explicó.

”Hemos constatado cómo, desde 1997 hacia acá, a personas detenidas en combate y fuera de él se les ha endilgado todos los delitos que se han cometido en la región, sin individualizar la pena y pasando por encima de las normas nacionales e internacionales del debido proceso”, señaló Jiménez.

”Esta gente que tiene la condición de rebelde tiene, además, todo el peso de un sistema judicial que se comporta como afín a una estrategia de guerra del Estado. Eso genera problemas. El gobierno debería tenerlo presente y tratar de evitar que se convierta en una talanquera para una solución humanitaria”, agregó.

Entre otras críticas a la propuesta gubernamental, las FARC señalan que el gobierno no prevé ”la conexidad de ciertos delitos con el derecho a la rebelión”.

Para Jiménez, los propios guerrilleros son los que llevan con mayor precisión el número de sus combatientes o miembros activos presos.

”Ese punto nos pone frente al tema de quiénes han purgado pena injustamente. El gobierno debería reconocer que ha llevado a la cárcel a gente que no tenía la condición de miembro de los grupos insurgentes”, señaló Jiménez.

Así ”podría hacerse una reparación a ese daño que se ha hecho. Hemos denunciado desde hace mucho tiempo que hay mucha gente inocente en las cárceles y que ha pagado condena acusada de rebelión, sin ser realmente miembro de los grupos insurgentes”, agregó.

El gobierno antecesor del de Uribe (conducido por Andrés Pastrana entre 1998 y 2002), llegó por separado a acuerdos humanitarios con las FARC y el ELN, que llevaron a la liberación de 81 policías y militares, tres agentes de inteligencia y 200 rehenes civiles.