El Tribunal Especial de Sierra Leona para juzgar los crímenes cometidos en la última guerra civil se prepara para comenzar su labor en junio de 2003, con el patrocinio de la ONU.
Buscaré la evidencia donde sea y analizaré cada caso local, regional e internacionalmente, dijo a IPS el fiscal del Tribunal Especial, el estadounidense David Crane.
Los acusados serán más de 25, según diversas fuentes, pero Crane se negó a confirmar ese número. La mayoría serán militares y comandantes de milicias irregulares, contendores en la guerra que se prolongó entre 1991 y 2001.
Sierra Leona sufrió numerosos golpes de Estado, conspiraciones y combates que afectaron todos los planos de la vida civil. La población de localidades enteras, destruidas por los bandos en pugna, debieron desplazarse a las ciudades.
Más de 70.000 personas murieron durante la guerra civil en este país de 4,7 millones de habitantes. En 1999, una fuerza de paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de 7.500 soldados puso fin a los combates y dirigió el proceso hacia las elecciones celebradas en mayo último.
A comienzos de este mes, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, designó a cinco de los miembros del Tribunal Especial, procedentes de Europa, América del Norte y Africa. Los tres jueces restantes son de Sierra Leona, nombrados por el gobierno.
Son jueces de integridad probada. El tribunal no está para incurrir en una caza de brujas contra personas o grupos político, sino para poner fin a la impunidad, dijo el secretario del órgano, Robin Vincent.
Los funcionarios del Tribunal Especial insistieron en que las acusaciones recaerán sobre integrantes de las fuerzas del gobierno y de milicias insurgentes. Pero la dirección del otrora rebelde Frente Revolucionario Unido (RUF) cuestiona los procesamientos aun antes de que hayan sido dispuestos.
El acuerdo de paz firmado en Lomé en 1999 incluye la amnistía de todos los ex combatientes. No creo que el Tribunal Especial contribuya con la frágil paz. El RUF está ahora dedicado a la reconciliación nacional y no a la guerra o a situaciones que nos devuelvan el caos, dijo el portavoz del grupo, Eldred Collins.
El presidente interino del RUF, Issa Sesay, dijo a la prensa que la inclusión de tres jueces de Sierra Leona en el Tribunal Especial puede dar origen a procesos injustos. Para que el Tribunal sea neutral, no debe haber jueces de Sierra Leona, que pueden tener prejuicios, sostuvo Sesay.
Muchos ciudadanos de Sierra Leona creen que el Tribunal Especial constituirá una fuente de conflictos en este empobrecido país.
Todavía estoy recogiendo los pedazos de mi vida rota. Estas personas (el Tribunal) solo alentarán la bestialidad de los rebeldes asesinos, dijo Marie Sesay, una ama de casa que perdió dos hijos durante la guerra civil y cuyo hogar fue incendiado por las milicias.
Mientras, Abú Kamara, quien sufrió la amputación de su brazo izquierdo a manos de insurgentes, sostuvo: El gobierno nos pidió que perdonáramos a los rebeldes y nosotros lo hicimos. Espero que los rebeldes no vuelvan a terminar lo que comenzaron.
Los tribunales especiales son armas en manos de los ganadores. Nuestra guerra terminó con un acuerdo negociado. Por lo tanto, no entiendo por qué gastan tanto dinero para juzgar a un puñado de individuos, dijo a IPS el activista Charles Hughes, del no gubernamental Foro de Iniciativas Democráticas.
El Tribunal Especial funcionará, según las previsiones, durante tres años, con un presupuesto de 45 millones de dólares. Juzgará crímenes perpetrados entre 1996 y 2001.
El fiscal Crane se ha dedicado a visitar distintas localidades de este país de población mayoritariamente rural para recoger evidencia y preparar las acusaciones.
El edificio de la corte y el centro de detención de los acusados están aún en construcción.
Por otra parte, el gobierno y organizaciones no gubernamentales planifican otorgar compensaciones a víctimas de la guerra civil, entre las cuales figuran miles de mutilados.
El derecho de esas personas (a ser resarcidas) fue reconocido en los acuerdos de Lomé, señaló el director del no gubernamental Foro de Conciencia, John Caulker, también presidente de Comisión de Verdad y Reconciliación.
Esta comisión fue creada con el modelo de la que actuó en Sudáfrica para esclarecer hechos de violencia durante el régimen racista del apartheid.
Unos 45.000 ex combatientes recibieron enseñanza de oficios y herramientas para reencauzar sus vidas, y las autoridades apoyan junto con organizaciones no gubernamentales la reinserción comunitaria de antiguos exiliados y desplazados, pero aún no se ha hecho nada por otras víctimas.
Los acuerdos de Lomé incluyeron la creación de un fondo especial para víctimas de la guerra civil, a cargo de una Comisión de Recursos Minerales Estratégicos que controlaría, entre otras cosas, los ricos yacimientos de diamantes del país. Esa comisión quedó a cargo del líder del RUF, Foday Sankoh. (FIN/IPS/tra- eng/lf/mn/mj/hd ip/02
