La tragedia de Cromañón alimentó la separación entre la ciudadanía y la dirigencia política, según expertos y familiares de víctimas del incendio que mató hace un año a 194 jóvenes en una de las discotecas más populares de la capital argentina.
La suspensión en el cargo y el juicio político que enfrenta el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, así como una treintena de procesados en la causa penal, son hasta ahora los resultados de las investigaciones del siniestro que arrasó el 30 de diciembre de 2004 a República Cromañón, el céntrico local dedicado en los últimos tiempos a cobijar conciertos de rock.
"Nosotros lloramos a nuestros familiares, pero Ibarra llora a su silloncito", enfatizó en diálogo con IPS Diego Rozengardt, cuyo hermano Julián, de 18 años, falleció en la que es considerada la mayor tragedia por causas no naturales de la historia del país.
La brecha de los representados con los dirigentes políticos se ampliará cada vez más, coincidieron en apuntar afectados directos y analistas consultados por IPS, como el politólogo y sociólogo Atilio Borón.
Esa distancia no quedaría zanjada, sino más bien reforzada, con la marcha del juicio político que se la sigue a Ibarra en la sala de acusación de la Legislatura de la Ciudad, por el cargo de mal desempeño en sus funciones.
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El cuerpo legislativo de Buenos Aires aprobó en ajustada votación el 14 de noviembre el juicio de destitución del primer gobernante de centroizquierda del distrito, tras cinco meses de trabajo de una comisión investigadora formada al respecto.
Los legisladores que se pronunciaron en contra en esa ocasión o se abstuvieron advirtieron que en ese trámite hubo imprecisiones que pueden llevar a anular el juicio contra Ibarra.
"La clase política se ha abroquelado detrás de sus discursos y sus conductas habituales. Son burócratas. No han hecho una autocrítica de su rol. Nadie ha dicho: no estamos articulando bien los derechos de la ciudadanía", dijo a IPS el escritor, periodista y profesor Alejandro Margulis.
Existe consenso entre los analistas, además, sobre la "utilización política" de la que ha sido objeto este desastre. La cual ha sido, según el caso, en mayor o menor grado efectiva.
"El proceso seguido en la Legislatura hasta determinar la apertura del proceso de este juicio ha estado signado por las mismas prácticas políticas anteriores a (la tragedia de) Cromañón, más orientadas a la conveniencia de cada sector que a la eficiencia y seriedad de los procesos ", consideró la politóloga Delia Ferreira Rubio.
El propio jefe de gobierno suspendido aseguró esta semana que se llegó al juicio político en su contra "solamente por conveniencia política y de propia protección de muchos legisladores" que hoy lo juzgan. Al mismo tiempo pidió que la política "no siga metiendo la cola" en este asunto.
Ibarra ha recurrido de modo sistemático a adjudicarle intereses políticos partidarios a las conductas de sus acusadores. Señalamiento que ha negado su principal adversario en la ciudad, el diputado nacional Mauricio Macri.
Intereses contrapuestos aparte, el saldo global en términos políticos es fuente de preocupación para muchos.
Borón sostuvo que se ha asistido a "todo un manoseo en relación al juicio político de Ibarra", por lo cual "queda ante la opinión pública la sensación de que a la dirigencia no le interesa absolutamente nada lo que le pasa a la gente y esto le hace muy mal a la democracia".
Es que se trata nada menos que de un incendio que costó la vida a 194 personas que asistían a la actuación de la banda de rock Callejeros.
Las evidencias indican que el fuego se inició por el impacto en el cielorraso de una bengala, un elemento que formaba parte del rito de estos recitales, como de otros grupos.
Las insuficientes o nulas medidas de seguridad en el local, las puertas de salida de emergencia clausuradas y la capacidad de espectadores sobrepasada habrían completado el circuito de la muerte. En el centro de las sospechas quedaron, entonces, las habilitaciones municipales y de bomberos viciadas de corrupción.
En este cuadro de situación a lo largo del año, cabe contemplar el rol desempeñado por los familiares de las víctimas y sobre el cual las opiniones son divergentes. No ha habido una actitud homogénea ni unívoca..
Si bien mantienen diálogo entre sí, los familiares se encuentran organizados en no menos de cinco grupos, que difieren tanto en sus opiniones políticas como en sus estrategias y métodos de acción para que se haga justicia penal y política.
Algunos de ellos son netamente opositores al gobierno de la Ciudad y otros más afines, mientras también se han diferenciado por actitudes agresivas, como ocurrió en el recinto legislativo cuando se aprobó el juicio a Ibarra o en las cercanías de la residencia del empresario Omar Chabán, principal acusado en la causa penal.
"Creo que la actitud de los familiares favorece lo que se ha denominado la "antipolítica", aunque uno entiende perfectamente bien su dolor y la actitud de ellos en ese sentido es completamente irreprochable", señaló Borón.
"Pero no estoy seguro que favorezca mucho a la democracia. Más bien lo de ellos es un síntoma de que entre nosotros no está funcionando muy bien que digamos…", se lamentó.
En cambio, Ferreira Rubio puntualizó que "las familias de las víctimas han sido el acicate para impedir que la tragedia quedara en el olvido y sin ningún responsable, como ocurrió en casos anteriores.
Para Rozengardt, la acción de los familiares de las víctimas "no es revanchismo ni golpe institucional, (sino) fortalecer la democracia".
Este joven, integrante de la agrupación de sobrevivientes y familiares de víctimas "Justicia para los pibes", añadió que "el hecho de que el jefe de gobierno alguna vez tenga que rendir cuentas, y en serio, significa que la gente tiene el poder en sus manos".
En forma paralela al juicio político se sustancia la investigación judicial, a cargo hasta fin de año del juez Marcelo Lucini, cuya actuación ha sido considerada, de modo prácticamente unánime, como acertada.
La causa, que ya contiene alrededor de 35.000 fojas, pasará a partir del 1 de enero al despacho del juez Néstor Costabel.
"Estas demoras y "vueltas atrás" terminan siendo funcionales a la no administración de justicia. Y los políticos se aprovechan de estas zonas grises de la justicia argentina", opinó Margulis ante IPS.
"La justicia mostró que avanzó hasta donde la dejó el poder político", evaluó Rozengardt, crítico respecto del último fallo que dictó la falta de mérito o bien una rebaja en la gravedad del delito imputado a la mayoría de los funcionarios públicos procesados.
Chabán, responsable de la discoteca, es sobre quien pesan las más graves acusaciones y está encarcelado y procesado por el cargo de estrago doloso seguido de muerte. El ex secretario de Justicia y Seguridad Juan Carlos López está imputado de homicidio culposo, con apelación en trámite.
También están procesados, pero sin prisión, los integrantes de Callejeros, cinco empleados del gobierno de la Ciudad.
Pero lo inédito de este fatídico caso tiene que ver con la sustanciación del juicio político a Ibarra en la Legislatura. Ello no equivale a pronosticar, sin embargo, modificaciones sustantivas en "la cultura política" de este país", concluyó Margulis.
En el mismo sentido, Borón aseguró que "Argentina es un país que tiene escasa capacidad de metabolizar las tragedias. Me da la impresión de que, de acá a un tiempo, el tema será dejado de lado".
