La controversia jurídica rodea el juicio político al suspendido jefe de gobierno de la capital de Argentina, Aníbal Ibarra, a raíz del incendio en una discoteca que causó 194 muertes hace más de un año. Pero la política será lo que determine el destino del alcalde.
El juicio político a Ibarra por mal desempeño de sus funciones comenzó formalmente este martes en la Legislatura (parlamento distrital) en un marco de tensión contenida, que dio pasos por momentos a cierto tedio por lo extenso del trámite.
Los hechos que se investigan ocurrieron el 30 de diciembre de 2004, cuando la banda de rock Callejeros iniciaba un recital en la discoteca República Cromañón, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
Un incendio originado por la detonación de una bengala desató los acontecimientos fatales.
La Legislatura procura con el juicio político determinar la responsabilidad política de Ibarra en los hechos. Paralelamente, continúa una instancia judicial, con una treintena de procesados, entre ellos una decena de funcionarios del gobierno porteño.
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"Ni la bengala, ni el rocanrol, a nuestros pibes los mató la corrupción", entonaron los familiares de las víctimas, apostados muchos de ellos frente a la Legislatura desde la noche anterior al inicio del juicio político.
"El sistema se adueñó de sueños, alegrías, ilusiones y vidas, porque la maldita corrupción cambió futuro por dinero", expresó en el aniversario de la fatídica noche Liliana Fiordo, integrante de la murga "Los que nunca callarán", formada por sobrevivientes del incendio.
La frase de Fiordo condensaba el parecer de la mayoría de los familiares afectados.
Según ellos, la corrupción es uno de los ejes de la acusación contra Ibarra, pues se presumen habilitaciones espurias de locales de esparcimiento, controles insuficientes y actuaciones inadecuadas de los funcionarios municipales antes, durante y después de la tragedia.
La acusación se compone de 16 cargos diferentes, a los que se dio lectura en esta primera sesión del debate oral, en presencia del suspendido jefe de gobierno.
La audiencia de la Sala Juzgadora de la Legislatura, integrada por 15 miembros, comenzó este martes su actuación luego de que la Sala Acusadora, reunida en noviembre, contara los 30 votos necesarios para la suspensión de Ibarra.
Dentro del recinto, más de 50 familiares de víctimas siguieron cada frase. Sostenidas a modo de estandarte, las fotografías de los jóvenes fallecidos aportaron dramatismo a la jornada.
José Iglesias, padre de una de las víctimas fatales, abogado e integrante del grupo de familiares "Que no se repita", declaró a la prensa: "Cromañón marcó un punto de inflexión. Nada es igual. Queremos mostrar que alguien que hace algo (incorrecto) va a juicio. Ibarra tendría que ser destituido".
Existen, sin embargo, críticas al procedimiento. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que "el juicio político no debe ser utilizado desde el poder para sacar a alguien que estorba, ni desde la sociedad, en forma tan poco acorde (con el) respeto a la legalidad".
Algunos familiares de las víctimas, integrantes de organizaciones sociales, personalidades de la cultura y activistas de derechos humanos sintonizan con la opinión de Sabsay y convocaron a un abrazo simbólico a la Legislatura, en "defensa de las instituciones".
Con matices, sostienen que se trata de un "golpe institucional".
"Sacándolo al jefe de gobierno, jamás vamos a obtener un juicio justo para nuestros hijos. Porque si él no encuentra justicia, ¿qué queda para nosotros?", dijo a IPS Gladys Coronel, madre de Zaida Buitrón, una de las fallecidas en Cromañón.
"Se trata de una maniobra política. Ibarra es un chivo expiatorio", sostuvo, por su parte, Juan Carlos Adamini, padre de un joven sobreviviente. "En realidad, los legisladores son, para mí, más responsables que Ibarra de todo lo que está pasando", declaró a IPS.
"Parecería que en un juicio político vale todo", dijo el abogado Julio César Strassera, abogado que encabeza la defensa de Ibarra conocido por su actuación como fiscal del histórico juicio en que resultaron condenados los integrantes de las Juntas Militares que dirigieron la última dictadura (1976-1983).
El procedimiento se ha caracterizado por atrocidades, anomalías y trampas, advirtió Strassera en el cuarto intermedio de la audiencia de este martes. "No se trata de cuestiones formales, sino de garantías del derecho a la defensa", agregó.
Strassera no descarta, incluso, recurrir en el futuro la actuación de la Legislatura ante la justicia ordinaria. Por lo pronto, Ibarra solicitó en esta primera audiencia del juicio político la nulidad de todo el proceso, al que calificó de anticonstitucional.
El jefe del gobierno de Buenos Aires sostuvo que los legisladores cometieron varias irregularidades, entre ellas no haber aprobado los cargos en la instancia en que resolvieron su suspensión.
"Yo estoy suspendido por una entelequia. No hay resolución, no hay dictamen, no hay acusación, no hay cargo", afirmó en su alocución en el recinto.
Con todo, Ibarra será absuelto o removido de su cargo. Y, por cierto, el desenlace que tenga el primer juicio de esta naturaleza a un jefe de gobierno porteño dependerá, en gran medida, de cuestiones políticas.
"Ibarra está políticamente en soledad para defenderse", dijo a IPS el sociólogo Ricardo Rouvier.
Sin embargo, afirmó, "la mayoría de la población porteña prefiere que Ibarra no sea destituido, 54 por ciento, según nuestros últimos estudios. Ibarra además conserva una imagen positiva entre el 49 por ciento de los porteños, la que es sólo algo menor, siete puntos porcentuales, a la que tenía con anterioridad a la tragedia."
Con la jornada de este martes, quedaron abiertas las audiencias en que oportunamente se atenderá a 137 testigos del caso, los alegatos de los fiscales y de la defensa.
La destitución de Ibarra requiere la anuencia de 10 de los 15 legisladores antes del 14 de marzo. De lo contrario, Ibarra quedará absuelto de manera automática y volverá a ocupar su cargo.
La cuenta regresiva ha echado a andar.
