Tres estaciones de flujo de petróleo en el Delta del Níger tuvieron que ser clausuradas luego de que fuera saboteado un oleoducto, informó la Royal Dutch Shell.
La compañía multinacional señaló que el filtro del 30 de enero del ducto de Trans Ramos se debió a un sabotaje, pero ningún grupo hasta ahora se ha atribuido oficialmente el ataque.
Un representante del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, por sus siglas en inglés) había alertado a un periódico local a fines de enero que el grupo pondría fin a una tregua acordada con el gobierno en octubre pasado.
Ese pacto, que incluía una amnistía y un programa de desarme, acabó con más de cinco años de enfrentamientos del gobierno con grupos insurgentes en el Delta del Níger. Unos 20.000 combatientes de diversas organizaciones insurgentes entregaron sus armas a cambio de un estipendio mensual de unos 430 dólares para cada uno.
Los grupos armados combatían por una parte de los ingresos petroleros de Nigeria y atacaban en forma regular los oleoductos, secuestrando a trabajadores del sector y vendiendo 100.000 barriles del crudo diarios en el mercado negro.
Antes del desarme, los insurgentes habían provocado una reducción de la producción petrolera a menos de la mitad.
Una demanda clave en el Delta del Níger era que las cinco décadas de explotación petrolera no habían mejorado la vida de las comunidades locales. En cambio, las ganancias eran divididas entre el gobierno y las compañías internacionales.
Muchos ex combatientes consideran hoy escaso el estipendio que reciben del gobierno, en comparación con la fortuna que hacían antes gracias a la venta de petróleo.
El ex líder rebelde Edward Udoiwei fue uno de los muchos que hizo dinero rápido. "Cuando estaba en la selva, hacía más de tres millones de nairas (20.000 dólares) al mes. Puedo llamar a las empresas petroleras: Oigan, mis muchachos tienen hambre, traigan dos millones de nairas, y me responderían enseguida", dijo a IPS a fines de diciembre.
"Lo que me pagan ahora por mes es lo que antes gastaba en dos o tres horas en el monte con mis muchachos", señaló Udoiwei. "En el monte disfrutaba más que esto. Recibía más dinero. Los 65.000 nairas es muy poco para un líder como yo".
PROMESAS ROTAS
Los ex combatientes también están molestos porque el gobierno todavía no ha cumplido su promesa de implementar un programa de capacitación para ayudarlos a cambiar su forma de sustento.
Las autoridades señalaron que la implementación se demora debido a la falta de infraestructura. El gobierno pidió a los ex combatientes, que se habían mudado de sus campamentos en el delta a las ciudades, que regresaran a sus aldeas mientras las instalaciones eran preparadas.
Pero los ex combatientes son renuentes a regresar, y señalan que ya no hay nada en el lugar que dejaron. La mayoría de los más de 6.000 ex insurgentes que se mudaron a Yenagoa, capital del estado de Bayelsa, siguen rondando esa localidad, sin hogar fijo.
El gobierno sostuvo que el objetivo de la amnistía era crear una atmósfera propicia para el desarrollo de la región.
Timiebi Koripamo-Agary, integrante del Comité Presidencial para la Implementación de la Amnistía, defendió el programa señalando que ofrece la mejor esperanza de cambio para los combatientes.
"Esta amnistía les ofrece una oportunidad para ser personas libres, y les da el derecho a hablar en nombre de ellos mismos y por los temas por los cuales han luchado", indicó.
¿DESARMADOS Y ABANDONADOS?
La frustración es mayor entre ex combatientes que afirman no haber recibido el estipendio mensual, con el argumento de que se desarmaron demasiado tarde.
Uno de ellos es Stephen Livinus, quien afirma haber llevado 226 hombres de su campamento a Yenagoa para el plan de desarme y capacitación. Sin recibir ayuda en una ciudad desconocida, ahora dice arrepentirse de haber entregado sus armas.
"Al comienzo me llené de alegría cuando me desarmé. Pero ahora me lamento de entregar mi arma. Ahora mismo yo y mis soldados no tenemos lugar donde dormir, no tenemos qué comer", dijo a IPS.
Solo en Yenagoa, al menos 15 ex grupos combatientes no reciben estipendios bajo el argumento de que se registraron tarde para el desarme. En varias ocasiones, ex insurgentes tomaron las calles de la localidad, obligando a transeúntes a darles dinero.
PARÁLISIS POLÍTICA
Pero, quizás dificultada por la grave enfermedad del presidente Umar Yar'Adua, la implementación del acuerdo ha sido lenta. El sabotaje del oleoducto podría ser una señal de que la paciencia de los ex combatientes se está acabando.
Otro ex combatiente que sólo permitió ser citado con el seudónimo de "Lunes" dijo que sería más barato para el gobierno cumplir con sus promesas que afrontar nuevos ataques contra la infraestructura petrolera.
"Deberían saber que vamos a causar problemas. Creo que el dinero que usarían para solucionar esos problemas deberían invertirlo ahora", dijo.
Del mismo modo, el MEND aunque no está claro qué parte de la jerarquía de la organización está detrás de la declaraciónseñaló que el fin del cese del fuego tendría un gran costo para la industria petrolera de Nigeria.
"Todas las compañías relacionadas con la industria petrolera en el Delta del Níger deberían prepararse para un ataque general contra sus instalaciones y personal", alertó MEND en una declaración.
Si el grupo combatiente cumple con sus amenazas, la industria petrolera nigeriana tendría que prepararse para una importante caída, con graves consecuencias para la economía.
