Las tropas extranjeras se retiran lentamente de Afganistán, dejando atrás un coro de personas que fueron sus oídos y sus guías en el terreno: traductores e intérpretes quedan ahora librados a una vida de incertidumbres y amenazas, o a la muerte.
Lingüistas, profesionales de los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales están reclamando reconocimiento internacional para los derechos de los intérpretes a la seguridad y la protección.
“Abandonarlos equivale a una sentencia de muerte”, dijo a IPS la lingüista forense Maya Hess, directora de la organización Red-T, que apoya a traductores e intérpretes.
Los países que los emplean les deben conceder la protección del asilo, sostuvo.
Red-T publicó en 2002 la primera guía multilingüe internacional sobre zonas de conflicto, que se actualiza continuamente con nuevas traducciones. En marzo de este año se presentó una nueva versión.
La guía, que es una fuente de referencia de la publicación “Apoyo lingüístico a las operaciones” del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, detalla buenas prácticas de las obligaciones contractuales entre los lingüistas de las naciones anfitrionas y quienes pagan por sus servicios.
Formalizar los derechos a la seguridad de los civiles que ofician de intérpretes y traductores en zonas de guerra es una vieja asignatura pendiente.
Entre 2007 y 2009, la empresa contratista estadounidense Military Essential Personnel confirmó las muertes de 30 intérpretes en 30 meses, dijo Hess. En Iraq, las fuerzas británicas perdieron a 21 intérpretes en un período de 21 días.
Muchos más resultaron heridos y sufrieron amenazas de muerte y persecuciones. Las Fuerzas Armadas alemanas recibieron más de 700 denuncias de empleados locales.
Noor Ahmad Noori, un intérprete afgano de 29 años que trabajó para The New York Times, está entre las víctimas más recientes. Tras su secuestro, su cuerpo fue hallado golpeado y apuñalado en enero de este año cerca de Lashkar Gah, un baluarte del movimiento extremista Talibán.
A Jawad Wafa, otro intérprete de 25 años que trabajaba para el grupo de tareas Kunduz dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), lo hallaron estrangulado en el baúl de un vehículo, el 24 de noviembre de 2013. Su muerte se produjo un mes después de la retirada de las Fuerzas Armadas alemanas.
Pese a que recibió reiteradas amenazas y a que se le había concedido asilo, sus papeles no llegaron a tiempo. “La burocracia cuesta vidas”, advirtió Hess.
Wafa había sido invitado a la sede de las fuerzas alemanas en Mazar-e-Sharif, y su nombre estaba en la lista de 182 personas asiladas que anunció en octubre de 2013 el ministro federal del Interior, Hans Peter Friedrich.
Sus papeles se perdieron en un laberinto burocrático entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina Federal para las Migraciones y los Refugiados –que concede los permisos de asilo– y la embajada alemana en Kabul.
En 2008, Matt Zeller, un capitán del ejército de Estados Unidos, fue salvado “in extremis” por Janis Shinwari, su intérprete, que mató a dos francotiradores talibanes justo antes de que dispararan al militar. Cuando su nombre apareció en la lista de “condenados a muerte” por el Talibán, obtuvo rápidamente una visa estadounidense gracias a los esfuerzos de Zeller.
Un año después, en 2009, el Congreso legislativo de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de Aliados Afganos, en virtud de la cual se emitieron 7.500 visas para personal de ese país, principalmente traductores e intérpretes.
Tras la muerte de Wafa, Red-T y otras organizaciones no gubernamentales, como Pro Asyl, enviaron una carta abierta a la canciller de Alemania, Angela Merkel, citando la Sección 22 de la ley de residencia que permite expedir permisos por “motivos humanitarios urgentes”.
En octubre de 2013, el gobierno alemán reconoció que traductores e intérpretes son una “categoría de alto riesgo” por su particular “visibilidad” como mediadores de comunicación para las Fuerzas Armadas y la policía. Este fue un paso adelante importante, pero insuficiente.[related_articles]
“Aunque la intención de las autoridades alemanas de cambiar su política de visas y conceder permisos a intérpretes afganos y personal auxiliar puede ser loable, el hecho de que solo unos pocos intérpretes hayan logrado entrar a Alemania es terrible”, dijo Hess.
En febrero, los intérpretes Aliullah Nazary, de 26 años, y Qyamuddin Shukury, de 25, aterrizaron aliviados y eufóricos en Hamburgo tras enfrentar meses de amenazas de muerte.
Les dejaban mensajes escalofriantes a las puertas de sus casas: “Tú, espía alemán, espera tu muerte ahora”, decía uno.
Las tropas alemanas y otras instituciones oficiales de este país en Afganistán han empleado a unos 500 traductores e intérpretes.
Las cifras más recientes del Ministerio de Relaciones Exteriores obtenidas por IPS confirman que se emitieron 296 permisos y 131 visas de inmigración, y que 107 solicitantes afganos llegaron a Alemania.
Los pocos ingresos pueden deberse a la transición en Afganistán. En algunos casos, los postulantes reciben una indemnización cuando sus contratos expiran.
Bernd Mesovic, portavoz de Pro Asyl, dijo que puede haber muchos que no han usado sus permisos para ingresar a Alemania, en la esperanza de que mejore la seguridad en Afganistán y las amenazas del Talibán cedan. “Recomendamos que el proceso se acelere”, agregó.
“Necesitamos con urgencia un cambio de paradigma en el trato que se presta a traductores e intérpretes”, dijo Hess.
“Espero que las potencias sean más conscientes de cuán peligrosa es esta profesión y que otorguen casas seguras y custodia a los lingüistas hasta que puedan irse”, agregó.
