El mundo no puede seguir ignorando la crisis en la RDC

Mujeres desplazadas en Simba Mosala, en Kikwit, República Democrática del Congo. Crédito: Badylon Kawanda Bakiman/IPS
Mujeres desplazadas en Simba Mosala, en Kikwit, República Democrática del Congo. Crédito: Badylon Kawanda Bakiman/IPS

Casi dos millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares en 2017 en República Democrática del Congo (RDC). La peor epidemia de cólera en 15 años, con 55.000 casos y más de 1.000 muertos, además del innumerable número de asesinados, mutilados o víctimas de violencia sexual explican, en parte, la situación.

El costo de la crisis actual en RDC recae en forma desproporcionada sobre mujeres, niñas y niños, cuyos hogares fueron saqueados y quemados. Los menores no escolarizados son vulnerables a caer en manos de fuerzas de combate irregulares.

“Vivo afuera con mis ocho hijos”, contó Charlotte Ukuba, de 60 años, quien huyó de Site Etat, en Kikwit, capital de la sudoccidental provincia de Kwilu.[pullquote]3[/pullquote]

“Mi esposo fue asesinado el año pasado (en el marco de) la violencia en Kamwina Nsapu, en la provincia de Kasai. Cuando llegué aquí, primero vivía en una iglesia con otras personas desplazadas. Pero en la última semana de febrero, un pastor nos echó. No tengo dinero y necesito ropa para mis hijos”, relató.

Su hija mayor tiene malaria (paludismo). “No hay medicamentos para esta niña, y pido ayuda”, se lamentó.

La violencia estalló en Kasai en agosto de 2016 tras el levantamiento de una milicia local. La crisis se caracterizó por repetidos enfrentamientos entre milicias y las fuerzas de seguridad locales, lo que derivó en conflictos entre comunidades.

Otra mujer desplazada, Rose Thimbangula murió el 14 de febrero a los 47 años en Nzinda, en Kikwit, por una tuberculosis que se le complicó producto de una fístula obstétrica causada por una violación. No tenía recursos para comprar medicamentos.

Ataviada con un largo vestido negro, Marie Ntumbala duerme en el piso de una pequeña habitación en Mweka, en la provincia de Kasai. La mujer de 37 años tuvo que huir de su pueblo, Tutando, a 150 kilómetros de Tshikapa, por el conflicto, pero tuvo suerte de que la recibiera una familia local.

“Cuando estoy enferma, no puedo ir a un hospital porque no tengo ni un centavo. El gobierno congoleño debe ayudar a todos los desplazados de nuestro país”, reclamó.

La RDC tiene 4,5 millones de personas desplazadas, el mayor número en África.

Trabajadores de la Cruz Roja distrbuyen alimentos calientes a desplazados en Kanzombi, en República Democrática del Congo. Crédito: Badylon Kawanda Bakiman/IPS.
Trabajadores de la Cruz Roja distrbuyen alimentos calientes a desplazados en Kanzombi, en República Democrática del Congo. Crédito: Badylon Kawanda Bakiman/IPS.

Las elecciones de 2017 se pospusieron para fines de este año, porque la inestabilidad política y los enfrentamientos entre soldados y milicias sigue agravándose. Unos 120 grupos armados operan solo en el este de la RDC.

Organizaciones humanitarias lanzaron un gran llamado de búsqueda de fondos para este país, 1.680 millones de dólares para asistir a 10,5 millones de personas. Y solo se reunió la mitad de los 812,5 millones solicitados en 2017.

“Necesito atención prenatal”, relató Brigitte Kishimana, de 28 años, quien está embarazada,

Kishimana vive en Moni Site en Kalemi, en la sudoriental provincia de Tanganyika. “Muchas otras embarazadas también la necesitan, sino su vida corre peligro”, apuntó.

“El año pasado, cuatro mujeres desplazadas murieron en el embarazo o durante el parto”, acotó.

La campesina Georgette Bahire, originaria de la provincia Kivu del Sur, abandonó su aldea de Lulumba el 29 de junio de 2017, cuando las fuerzas regulares se enfrentaron al grupo armado Mai-Mai. La mujer de 45 años fue alojada por una familia en la ciudad de Kibanga.

“Los trabajadores humanitarios nos ayudaron en 2017 con alimentos y algunos medicamentos. Pero las necesidades todavía son enormes”, subrayó.

Desde principios de este año, los enfrentamientos armados siguen atormentando a este país, en particular a las áreas de Rutshuru, Masisi, Walikale, Lubero del Sur y Beni.

El retiro gradual de trabajadores humanitarios de esas áreas amplió la vulnerabilidad de las personas afectadas por la crisis humanitaria, señala un documento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de septiembre de 2017.

“La crisis en la RDC se deterioró de forma exponencial en los últimos dos años”, observó Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, en entrevista con IPS.

“No son los mismos conflictos que vemos desde hace 20 años. Regiones que solían ser pacíficas y estables, como la región de Gran Kasai y Tanganyika se volvieron hervideros de conflictos, y la violencia entre comunidades deja cientos de miles de personas desplazadas”, indicó.

“Los combates en las (provincias) Kivus e Ituri empuja el conflicto en la RDC a una crisis humanitaria regional, pues decenas de miles de personas huyeron de sus hogares hacia países vecinos como Uganda, Burundi, Tanzania y Zambia”, acotó.

“Se necesita realizar un nuevo llamado a la solidaridad porque las necesidades humanitarias explotan, y la asistencia no logra seguir el ritmo”, añadió.

Egeland llamó a la comunidad internacional a priorizar la crisis humanitaria en la RDC y a redoblar esfuerzos para ayudar a 13,2 millones de personas necesitadas de asistencia.

“De lo contrario, las consecuencias serán fatales para el país y, posiblemente, para la región”, añadió.

La OIM se esfuerza por encontrar una solución duradera para 5.973 familias desplazadas en la provincia de Kivu del Norte.

“Actualmente, la OIM ayuda a 77 mujeres desplazadas que sufren fístulas obstétricas causadas por la violencia sexual”, indicó el oficial de programa de la OIM, Jean-Claude Bashirahishize, consultado por IPS.

“En 2017, la OIM recibió 205 casos de violencia sexual en 12 sitios”, detalló, y añadió que los tabúes culturales son una traba para que las mujeres hablen de lo que les pasó.

“La inseguridad es el mayor obstáculo para que la OIM llegue a determinadas áreas, donde grupos armados se enfrentan con el ejército”, añadió.[related_articles]

“La provincia de Kivu del Sur tiene 33 grupos armados distintos”, señaló Patrice Mushidinima, de una organización de la sociedad civil en Bukavu, capital de esa provincia.

El gobierno congoleño y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ayudaron en octubre de 2017 a más de 20.000 desplazados, de los cuales 70 por ciento eran mujeres y niños de Kikwit y toda la provincia de Kwilu. Y la situación sigue agravándose.

“Los agricultores que huyeron por el conflicto no pudieron plantar en esta temporada, lo que dejó a la gente casi sin comida. Y la asistencia alimentaria no logra cubrir la falta”, alerta un comunicado de la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef) y el Programa Mundial de Alimentos.

“Solo 400.000 personas de las 3,2 millones que sufren inseguridad alimentaria en Kasai, recibieron asistencia en diciembre. Más de 750.000 siguen desplazadas”, añade.

“Los desplazados tienen derechos que el gobierno debe respetar, así como otras autoridades del país. La Constitución congoleña declara que la vida humana es sagrada”, recordó Valentin Mbalanda, defensor de derechos humanos, en diálogo con IPS.

La Comisión Europea, las Naciones Unidas y el gobierno holandés organizarán una conferencia de donantes en abril. Egeland instó a los donantes a prestar la misma atención a este país que la que le prestan a otras crisis.

“La crisis en la RDC de 2018 no es lo que era en 2000 o en 2005”, subrayó.

“La comunidad internacional deberá reconocer las consecuencias de no hacerlo. Hay mucho en juego en la RDC si el camino que se elige es la falta de acciones”, alertó.

“La pérdida de vidas humanas podría ser masiva y la desatención humanitaria podría desestabilizar a toda la región. Es una crisis de conciencia que el mundo no puede darse el lujo de ignorar”, remarcó.

Traducido por Verónica Firme

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