Diez meses después del ingreso de Nicaragua en una crisis política y social, el país sigue sin encontrar una solución al conflicto que dejó cientos de muertos y heridos y cuyos efectos económicos afectan ya a la mayoría de sus habitantes.
Las cifras, tanto oficiales como independientes, revelan la magnitud del impacto en el país con mayor pobreza de América Central: más de 453.000 empleos perdidos, sobre 1.500 millones de dólares de depósitos bancarios retirados y al menos dos de los 6,3 millones de habitantes retornando a la pobreza desde abril de 2018.
El sociólogo y economista Cirilo Otero, del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales (CIPA), alertó que las consecuencias de esta crisis económica ya impactan en la mayoría de hogares nicaragüenses y que tendrá sus repercusiones más severas en la nutrición.
Otero dijo en una entrevista con IPS que mientras aumenta el desempleo, se contrae la economía, se fugan las inversiones y los depósitos bancarios se alejan del país.
“El gobierno responde aumentando los impuestos y gravando las importaciones y las producciones de la industria local. ¿Qué ocurre? Las empresas reaccionan frenando las inversiones, despidiendo personal para enfrentar la demanda de impuestos y encareciendo los productos, con lo cual la gente tiene dos opciones: o compra menos o gasta más”, explicó.
Este “encarecimiento de la vida”, explicó, termina por afectar el acceso de las familias nicaragüense a la alimentación y junto a otros factores como el cambio climático y el debilitamiento del sistema de salud público, podrían incidir en aumentar la tasa de subnutrición.
Según el estudio “La seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, publicado el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias, en Nicaragua en la década de 2007-2017 la subalimentación había descendido desde un 24,4 por ciento hasta un 16,2 por ciento.
“El gobierno se está quedando sin fondos para sus programas sociales y para financiarlos recurre a una reforma fiscal que busca ‘clavar’ impuestos a todos los productos de consumo, lo cual al final impactará directamente al consumidor y reducirá la cantidad de ingesta de alimentos”, advirtió Otero.
La economía de este país centroamericano fue golpeada por los más de 300 días de crisis que detonó las protestas iniciadas en rechazo a una reforma de la seguridad social, en abril de 2018, que derivaron en una rebelión popular contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a los que exigieron su salida por acusaciones de corrupción y de creciente deriva autoritaria.
La respuesta del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional fue una muy dura represión de las protestas, lideradas por estudiantes universitarios, y de dirigentes y periodistas opositores, apoyado en grupos armados y en el control de todos los poderes del Estado, incluidos los poderes Judicial y Legislativo.
Nicaragua, gobernada por Ortega desde 2007, tiene a 24,9 por ciento de su población en situación de pobreza, según la última actualización del Banco Mundial, que ubica a Nicaragua entre los tres países más pobres del continente americano, junto con Haití y Honduras.[pullquote]1[/pullquote]
El gobierno reconoce la crisis económica, que achaca a las protestas multitudinarias que se prolongaron hasta julio, mientras acusa a los manifestantes y a la oposición de actos terroristas y de perpetrar un “fallido golpe de Estado”, una posición que los tribunales han acompañado con decenas de detenciones, enjuiciamientos y duras condenas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en un comunicado que hizo circular en noviembre entre el cuerpo diplomático acreditado en el país, cifró en 961 millones de dólares los daños económicos ocasionados al Estado por ese intento golpista.
Según el documento, el sector público sufrió daños por 205,6 millones de dólares, a los que se sumaron 231 millones de dólares de pérdidas en el sector turístico y 525 millones de dólares en el sector transporte.
Esa situación, se reconoce en el documento, ocasionó la pérdida de 119.567 empleos y forzó la reducción de hasta 30 por ciento del presupuesto de este año respecto al de 2018.
Sin embargo, investigaciones independientes de organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una misión especial de la Unión Europea, han rechazado la tesis de “golpe de Estado”.
Al contrario, señalan al régimen como responsable de la muerte de 325 personas, más de 2.000 heridos, más de 700 presos políticos y al menos 70.000 exiliados por razones políticas y migrantes forzados por la crisis.
Las investigaciones de esas organizaciones han servido de argumento para que Estados Unidos haya decretado diferentes sanciones desde fines de 2018 contra funcionarios del Estado nicaragüense y empresas ligadas a Ortega y su familia.
Washington también ha aplicado políticas de restricción a créditos financieros internacionales; a la vez, países europeos han cortado flujos de cooperación y donaciones bilaterales, mientras que la Unión Europea contempla sanciones en bloque a la administración de Ortega.
El Ejecutivo nicaragüense espera cubrir el déficit fiscal de este año con unas reformas tributaria y a la Seguridad Social, que incluyen el aumento de la cuota obrero-patronal, unas medidas que el sector privado vaticina que “propiciarán cierre de empresas, más desempleo e informalidad, y aumento de la pobreza, que ha reaccionado aplicando nuevas políticas de recaudaciones fiscales”.
Las sanciones y las reacciones económicas del régimen, al final a quien terminan afectando es al consumidor menor, argumenta Juan Carlos López, del no gubernamental Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor.
“La situación, en todos los escenarios posibles de la crisis económica derivada de la crisis sociopolítica, a quien termina afectando es al consumidor final, a la persona que cada día busca cómo llevar los alimentos a su familia”, dijo a IPS.
El gobierno anuncia en su proyecto de ley de reformas fiscales que no gravará los 53 productos de la cesta básica de consumo, pero López destacó que la revisión del texto que debate la Asamblea Legislativa, se detectó que a la mayoría de esos productos sí se les impondrán nuevos impuestos.
“Obviamente que una reforma que aumente el impuesto a la mayoría de productos de consumo de la población, va afectar la capacidad de consumo y la calidad de lo que se consuma, porque si las cosas suben de precio la gente debe ajustarse a los nuevos precios o buscar alternativas más baratas”, advirtió.
La crisis se percibe de muchas maneras: vallas desnudas de publicidad en las ciudades; negocios y restaurantes cerrados; menos cajas de atención en supermercados y ventanillas de los bancos, sucursales bancarias clausuradas, mayor proliferación de negocios informales o gasolineras fuera de servicio.
Un informe de monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua a febrero de 2019, realizado por la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), señala que entre abril y noviembre de 2018, se redujo la actividad económica en 4,4 por ciento en comparación con el mismo período del año precedente.
“Este menor nivel de actividad económica se ha traducido en un deterioro de las finanzas públicas. Además, la incertidumbre que ocasiona el contexto actual y el menor dinamismo en la actividad económica han incluido en la disminución de los depósitos del sistema bancario, y por ende, en la reducción del crédito y de las reservas internacionales”, señala el centro de pensamiento independiente.
Funides estima que para este año, la actividad económica de Nicaragua se contraerá entre un 7,3 y 10,9 por ciento, mientras el gobierno proyecta una contracción de 1,01 por ciento y el Banco Mundial de 0,5 por ciento.
Además Funides prevé que el aumento de las personas en situación de pobreza podría continuar incrementándose si la crisis se extiende a todo 2019.
Edición: Estrella Gutiérrez
