La Agenda 2030, adoptada por 193 países en 2015 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no reconoce plenamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, sostuvo este lunes 15 un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la organización mundial.
Esa hoja de ruta para el desarrollo sostenible “ofrece oportunidades para promover los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y también ayudaría a combatir y mitigar el cambio climático y su impacto”, reconoció el subsecretario general del DAES, Eliott Harris.
“Pero tiene muchas brechas y puede implicar riesgos para los pueblos indígenas. Por ejemplo, la Agenda 2030 no reconoce plenamente los derechos colectivos en relación con las tierras y los recursos, o con la salud, la educación, la cultura y las formas de vida”, argumentó Harris.
Los pueblos indígenas se han distinguido históricamente por su relación respetuosa con la naturaleza, lo que reconoce el mundo al valorar sus conocimientos tradicionales sobre la conservación del ambiente, recordó el DAES.
Garantizar plenamente los derechos y territorios indígenas ayudaría a reducir la pobreza y contribuiría a la seguridad alimentaria, además de que impulsaría el desarrollo al estimular la inversión en proyectos sostenibles, según el informe.
Pero en muchas áreas siguen siendo limitados o no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y “aunque haya apoyo legal a esos derechos, no se han implementado o son inconsistentes”, recalcó Elliot.
La Agenda 2030 plantea acabar con el hambre y la pobreza, y trabajar porque se universalicen derechos a energía y agua limpias, salud y educación, y promover la inclusión social, económica y política sin discriminación de ningún tipo, con objetivos y metas que abarcan a todos los pueblos y comunidades.
Según el DAES, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades que las demás personas de vivir en la pobreza extrema y representan casi 19 por ciento de los pobres extremos, quienes sobreviven con menos de 1,90 dólares al día, a pesar de ser solo seis por ciento de la población mundial.
Los pueblos indígenas –más de 500 con 45 millones de personas solo en América Latina y el Caribe- suman 476 millones de habitantes según el Banco Mundial, o entre 370 y 500 millones según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Están presentes en más de 90 países, sus comunidades habitan donde se encuentra 80 por ciento de la biodiversidad que aún queda en el planea, y han creado la mayoría de los 7000 idiomas empleados por la humanidad.
El informe del DAES indica que los proyectos de desarrollo que van en detrimento del ambiente socavan los derechos de los indígenas al progreso y la seguridad, al margen de amenazar sus territorios y recursos.
Es común también que se sacrifiquen los derechos de la población indígena por inversiones que favorecen a los turistas extranjeros sobre los medios de vida y los derechos humanos de los pueblos originarios, como ha ocurrido en Botswana, Kenya, Rwanda y Tanzania, entre otros países.
La minería y la tala ilegales son otras actividades que afectan enormemente a las comunidades indígenas. Ecuador, Brasil y Venezuela son algunos de los países afectados por estas prácticas delictivas, cuyos responsables han llegado incluso a anunciar en las redes sociales la venta de tierras en la Amazonía brasileña.
Por ello, Anne Nourgam, presidenta del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, un órgano asesor de la ONU, favorece la creación de más parques nacionales.
“Pero tenemos que hacerlo en cooperación con la población local y respetando los derechos de los pueblos indígenas, especialmente su derecho al consentimiento libre, previo e informado”, subrayó Nuorgam.
Otra recomendación es que los Estados reconozcan los derechos consuetudinarios o la tenencia de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos, y que esos títulos protejan su derecho al consentimiento libre, previo e informado para participar en todas las decisiones que afecten a sus tierras y recursos.
Finalmente, el DAES sostiene que “los gobiernos deben establecer mecanismos permanentes, abiertos e inclusivos de consulta, participación y representación de los pueblos indígenas e relacionados con los ODS, para garantizar que tengan la oportunidad de contribuir y beneficiarse de ellos”.
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