Las fuerzas de seguridad de Myanmar deben “detener su brutal represión contra los manifestantes pacíficos”, dijo este jueves 4 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, después de que en una sola jornada de protestas perecieron al menos 38 personas.
Los manifestantes en Myanmar piden ayuda a la comunidad internacional mientras las fuerzas de seguridad leales a los militares tratan de barrer con una represión implacable la campaña de desobediencia civil que semiparaliza el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero. Mientras, analistas y diplomáticos ven casi inevitable un mayor derramamiento de sangre.
La represión que cobró 18 vidas en una sola jornada en Myanmar fue condenada por el secretario general y la alta comisionada de la las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), mientras la principal líder civil, Aung San Suu Kyi, comparecía ante tribunales este lunes 1 para ser acusada de cuatro delitos.
Los generales de Myanmar dieron un golpe para impedir que Aung San Suu Kyi, la popular líder civil del país, mantuviera el poder político y 16 días después, comenzó el proceso judicial en su contra, en una audiencia a puerta cerrada, por videoconferencia y sin abogados, en un juicio con el ostensible propósito de impedir su participación en las próximas elecciones, cuando las haya.
Myanmar atraviesa una profunda crisis política. Durante la primera semana de febrero se sucedió un golpe militar y una movilización ciudadana que desafió abiertamente en las calles al ejército del país, en una reacción que recuerda las manifestaciones a favor de la democracia de 1988, ante el nuevo sofocamiento de una incipiente y tutelada gobernabilidad civil.
Cuando las ventas millonarias de armas entran por la puerta, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra salen volando por la ventana.
Las Naciones Unidas luchan por una respuesta al golpe militar en Myanmar, pero China y Rusia, dos miembros permanentes con poder de veto del Consejo de Seguridad, se negaron a respaldar una declaración condenando la toma del poder por el Ejército myanma, en una sesión telemática de sus 15 miembros la noche del martes 2.
Poco antes de que los recién elegidos miembros del parlamento de Myanmar, la antigua Birmania, juraran el lunes 1 de febrero su cargo, los militares han
detenido a la líder
de facto del país, Aung San Suu Kyi, al presidente, Win Myint, y a otras figuras destacadas del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la toma del poder por los militares en Myanmar este lunes 1 y la detención de los principales líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la Consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi.
Un proyecto de ley de Myanmar (Birmania), cuyo objetivo oficial es la protección de las mujeres de la violencia, preocupa a los defensores de los derechos humanos y de género por su anacrónica definición de violación o la inexacta terminología de conceptos como consentimiento, gays, bisexuales o transgénero.
Ante los 17 magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Aung San Suu Kyi, la lideresa civil de facto de Myanmar (Birmania), hizo una apología del régimen militar de su país, que ha sido acusado de genocidio y de forzar a 730 000 miembros de la minoría musulmana rohinyá a huir a la vecina Bangladesh.
En unos días se sabrá si progresa la demanda de Gambia contra Myanmar (Birmania) ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio y medidas de limpieza étnica de las autoridades del país del sudeste asiático contra la población rohinyá, cuando se produzca entre los días 10 y 12 la primera audiencia del caso en La Haya.
Los gobiernos de Myanmar (Birmania) y Bangladesh suscribieron el 23 de noviembre un acuerdo para el retorno de los rohinyás musulmanes, más de 600.000 personas que escaparon de la persecusión en el estado birmano de Rakhine y se refugiaron en la localidad bangladesí de Cox’s Bazar.
Cuando la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, reclamó un embargo de armas para el régimen represor de Birmania (Myanmar) le pasó la pelota a otros dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia, con poder de veto y proveedores de armas de ese país asiático, cada vez más aislado.
Mientras cientos de miles de rohinyás musulmanes huyen de la violencia en el estado de Rakhine, en Birmania (Myanmar), los miles que se quedaron sufren un grado de atrocidades nunca antes visto.
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania expresó su inquietud por las atrocidades cometidas contra la minoría étnica rohinyá, así como por la negativa del gobierno birmano a denunciar la violencia y la discriminación contra esa comunidad.
La creciente persecución del ejército de Myanmar (Birmania) contra los rohinyás musulmanes obligó a miles de ellos a abandonar el occidental estado de Rakáin,quedando varados en la frontera con Bangladesh, desamparados y sin suministros básicos.