Un grupo de mujeres rohinyás defendieron su trabajo y su voz individual y colectiva y llamaron a poner en valor su situación, sus historias y su papel determinante dentro de su comunidad, al mismo tiempo que demandaron su espacio en una realidad que las mantiene más ocultas o las presenta solo como víctimas.
Ante los 17 magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Aung San Suu Kyi, la lideresa civil de facto de Myanmar (Birmania), hizo una apología del régimen militar de su país, que ha sido acusado de genocidio y de forzar a 730 000 miembros de la minoría musulmana rohinyá a huir a la vecina Bangladesh.
En unos días se sabrá si progresa la demanda de Gambia contra Myanmar (Birmania) ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio y medidas de limpieza étnica de las autoridades del país del sudeste asiático contra la población rohinyá, cuando se produzca entre los días 10 y 12 la primera audiencia del caso en La Haya.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está prácticamente paralizado ante los cargos de genocidio contra el gobierno de Myanmar, donde entre 730 000 y un millón de musulmanes rohinyá fueron forzados a huir a la vecina Bangladesh por la ola represiva de los militares en su contra.
Dos años después del comienzo del éxodo de la población rohinyá por la ofensiva genocida en Myanmar (Birmania) en su contra, los miembros de la minoría musulmana tienen pocas esperanzas de obtener justicia o el derecho a regresar a sus hogares, según la ONU y organizaciones humanitarias internacionales.
“La policía pensó que la iba a callar pero lo que hizo es multiplicar en millones la voz de Marielle Franco”, aseguró Verónica Ferreira, integrante del colectivo SOS Corpo, una articulación feminista para la democracia.
“No fue posible” firmar el Acuerdo Final con la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), oficializó desde La Habana la noche del 23 de marzo el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle.
La vida de Adam –no es su nombre real – sigue en el limbo más de una década después de haber escapado del genocidio en la zona sudanesa de Darfur, donde su padre y dos hermanos fueron asesinados y su madre y una hermana fueron desplazadas de su hogar.
Una exposición sobre la esclavitud en el mundo de hoy en un museo de esta ciudad del norte de Gran Bretaña lo confirma como uno de los escasos ejemplos de instituciones culturales comprometidas con los derechos humanos.
El etnocidio, la nueva acusación contra la central hidroeléctrica Belo Monte, realza dimensiones más profundas de los conflictos y polémicas desatadas por los megaproyectos en construcción o planificados para la Amazonia brasileña.
"La vida perdió todo sentido para mí tras la muerte de mi hijo. Nunca voy a perdonar a quien haya provocado el desgarramiento de su pequeño cuerpo. Llamo a todos a quienes puedan ayudar y estar de nuestro lado para lograr justicia y castigar a los que mataron a mi hijo", dijo la palestina Sahar Baker.
Más de 200 mujeres habrían sido violadas en Darfur por soldados de Sudán en un ataque contra el pueblo de Tabit en octubre de 2014, denunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
¿Cómo se puede justificar que en el siglo XXI continuemos entrenando millones de hombres y mujeres para engrosar los ejércitos y mandarlos a la guerra?
Mary Wacu vivía en la región del Valle del Rift, cuando llegó hasta allí la violencia que sacudió a Kenia tras las disputadas elecciones generales de 2007 y 2008. "A mi marido le dispararon con una flecha envenenada y a mis hijos los asesinaron a machetazos. Todo se quemó hasta las cenizas. Yo apenas escapé con vida”, contó a IPS.
La decisión del gobierno de Barack Obama de emprender una ofensiva aérea contra el grupo extremista Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIS) en el norte de Iraq goza de un fuerte respaldo popular, a pesar de las críticas expresadas contra su política exterior, incluso por quien fuera su secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Durante una cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), jefes de Estado y de gobierno aprobaron por unanimidad en 2005 una resolución que reafirmó el principio de “responsabilidad de proteger”, destinado a asegurar la protección de la población civil de los crímenes de guerra, las atrocidades en masa, el genocidio y la limpieza étnica.
Antes del genocidio de Ruanda en 1994, el esposo de Salaam Uwamariya, la mantenía a ella y a sus ocho hijos con su trabajo de profesor, mientras ella vendía verduras en el mercado para complementar los ingresos de la familia.