La crisis sanitaria mundial que ha marcado 2020 no ha interrumpido otra de las pandemias que acucia a América Latina y el Caribe: la de los asesinatos y ataques a personas defensoras del medio ambiente.
En las zonas de la selva amazónica donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, hubo mayor pérdida de
bosques entre 2000-2015 respecto de las tierras
indígenas sin minería, reveló un trabajo interactivo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Las cifras son dolorosamente claras: en México defender el medio ambiente es una actividad de alto riesgo, especialmente para los activistas indígenas. La organización
Global Witness acaba de publicar su nuevo informe sobre asesinatos de defensores ambientales, y en su conteo registra a dieciocho activistas mexicanos asesinados en 2019. Más de la mitad de los defensores muertos pertenecían a algún pueblo originario.
La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un solo número lo muestra: 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019.
La combinación de los altos niveles de la degradación de la tierra y los impactos del cambio climático, han transformado la protección del ambiente en un asunto crucial, pero no sucede lo mismo con quienes luchan incansablemente para preservar la naturaleza, en ocasiones con alto riesgo.
Un año después de aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, los países miembros de la ONU reiteraron su compromiso de que nadie quede rezagado, una meta que cada vez parece más idealista y poco factible.
Más de 150 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo solicitaron a los organismos multilaterales de desarrollo que se aseguren de que los beneficiarios de sus préstamos respeten los derechos humanos cuando llevan a cabo sus proyectos.
El asesinato de 185 personas defendiendo el ambiente en 16 países en 2015 convirtieron a ese año en el peor de la historia por el número de ambientalistas que perdieron la vida en el mundo, concluye el último informe de Global Witness.
El reciente asesinato en Honduras de la dirigente indígena y ecologista Berta Cáceres es un hecho demasiado familiar para Victoria Tauli Corpuz, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En un hecho sin precedentes por la cantidad de participantes, 175 países firmaron el Acuerdo de París sobre el cambio climático en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluidos 15 Estados en desarrollo que también lo ratificaron.
La tierra donde vivió y murió Berta Cáceres es un mundo donde las palabras se llenan de significado: Esperanza. Utopía. Casa de Sanación. Son nombres que adquieren sentido en esta montaña del departamento de Intibucá, a 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde los lencas han puesto el cuerpo como escudo contra los proyectos hidroeléctricos en Honduras.
Nuestro compromiso a favor del acceso y el control de los recursos naturales, en Greenpeace y en el Oakland Institute, hace que nos acusen constantemente de operar en contra del desarrollo, o que nos tachen de ser "organizaciones del Primer Mundo que más se ocupan de los árboles que de los seres humanos", pese a que trabajamos con comunidades en todo el mundo, desde China a Camerún o la República Checa.
Las estadísticas cuentan la historia: en algunas partes del mundo mueren cuatro veces más mujeres que hombres cuando hay inundaciones. Y algunas veces, tienen 14 veces más probabilidades de perder la vida en desastres naturales.
El clamor de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus tierras ancestrales resonó entre los conclaves de los delegados de 195 países en la 20 Conferencia de las Partes (COP 20). “Quiero mi territorio…ahí vivo, ahí como, ahí están mis santos abuelos”, gritó llena de rabia la asháninka Diana Ríos.
La tala desenfrenada en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, donde la mayor parte del territorio está cubierto por una espesa selva tropical, agrava las penurias, la inseguridad y los conflictos en las zonas rurales.
El principal promotor estadounidense de una propuesta para crear un organismo multilateral encargado de investigar denuncias de corrupción política cree que la idea es recibida con interés por la sociedad civil, los políticos e importantes líderes empresariales.
Una enorme fracción de los bosques y las reservas naturales en los mercados emergentes se entrega en régimen de concesión a empresas comerciales, ignorando a los pueblos indígenas que viven allí desde hace generaciones, según un estudio publicado este miércoles 30.