Los generales de Myanmar dieron un golpe para impedir que Aung San Suu Kyi, la popular líder civil del país, mantuviera el poder político y 16 días después, comenzó el proceso judicial en su contra, en una audiencia a puerta cerrada, por videoconferencia y sin abogados, en un juicio con el ostensible propósito de impedir su participación en las próximas elecciones, cuando las haya.
Myanmar atraviesa una profunda crisis política. Durante la primera semana de febrero se sucedió un golpe militar y una movilización ciudadana que desafió abiertamente en las calles al ejército del país, en una reacción que recuerda las manifestaciones a favor de la democracia de 1988, ante el nuevo sofocamiento de una incipiente y tutelada gobernabilidad civil.
Cuando las ventas millonarias de armas entran por la puerta, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra salen volando por la ventana.
Las Naciones Unidas luchan por una respuesta al golpe militar en Myanmar, pero China y Rusia, dos miembros permanentes con poder de veto del Consejo de Seguridad, se negaron a respaldar una declaración condenando la toma del poder por el Ejército myanma, en una sesión telemática de sus 15 miembros la noche del martes 2.
La noche del martes 2 y la madrugada del miércoles 3, tras el nuevo golpe militar en Myanmar, se repitieron dos escenas familiares en este país del sudeste de Asia y otro lugar opuesto del mundo.
Poco antes de que los recién elegidos miembros del parlamento de Myanmar, la antigua Birmania, juraran el lunes 1 de febrero su cargo, los militares han
detenido a la líder
de facto del país, Aung San Suu Kyi, al presidente, Win Myint, y a otras figuras destacadas del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la toma del poder por los militares en Myanmar este lunes 1 y la detención de los principales líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la Consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi.
Al menos 3174 migrantes murieron en el mundo este año en medio de sus esfuerzos por sobrevivir, a pesar de las restricciones de movimientos impuestas para tratar de frenar la covid-19, destacó un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Esta es una crisis sin solución rápida que podría tardar años en resolverse a menos que se realicen esfuerzos concertados para abordar sus causas fundamentales”, asegura Manuel Fontaine, director de Programas de Emergencia del Fondo de las Naciones Unidas par la Infancia (Unicef).
Un proyecto de ley de Myanmar (Birmania), cuyo objetivo oficial es la protección de las mujeres de la violencia, preocupa a los defensores de los derechos humanos y de género por su anacrónica definición de violación o la inexacta terminología de conceptos como consentimiento, gays, bisexuales o transgénero.
Un grupo de mujeres rohinyás defendieron su trabajo y su voz individual y colectiva y llamaron a poner en valor su situación, sus historias y su papel determinante dentro de su comunidad, al mismo tiempo que demandaron su espacio en una realidad que las mantiene más ocultas o las presenta solo como víctimas.
Guardacostas de Bangladesh rescataron el 16 de abril a más de 396 rohinyás hambrientos, que llevaban en el mar dos meses, mientras otros 32 perecieron en la embarcación con la que intentaban llegar a Malasia. En las últimas semanas hay un incremento de travesías de este grupo musulmán que buscan llegar a un país seguro y quedan varados en medio del mar.
Mohammad Rafique, de nueve años, solía recolectar vegetales de un terreno cercano y venderlos en un mercado dentro de Kutupalong, el conjunto de campos de refugiados donde viven unos 600 000 rohinyás en el distrito de Cox’s Bazar, en el extremo sur de Bangladesh.
En unos días se sabrá si progresa la demanda de Gambia contra Myanmar (Birmania) ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio y medidas de limpieza étnica de las autoridades del país del sudeste asiático contra la población rohinyá, cuando se produzca entre los días 10 y 12 la primera audiencia del caso en La Haya.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está prácticamente paralizado ante los cargos de genocidio contra el gobierno de Myanmar, donde entre 730 000 y un millón de musulmanes rohinyá fueron forzados a huir a la vecina Bangladesh por la ola represiva de los militares en su contra.
La estrella de cine Cate Blanchett y el empresario Richard Branson han alzado su voz por los millones de personas en todo el mundo que no pueden obtener pasaportes y otros documentos porque carecen de una nacionalidad oficial.
Dos años después del comienzo del éxodo de la población rohinyá por la ofensiva genocida en Myanmar (Birmania) en su contra, los miembros de la minoría musulmana tienen pocas esperanzas de obtener justicia o el derecho a regresar a sus hogares, según la ONU y organizaciones humanitarias internacionales.
Wai Wai Nu no había cometido delito alguno, pero a la edad de 18 años le comunicaron que tendría que ir a la cárcel. La joven acababa de empezar la carrera de Derecho, cuando a su padre le notificaron la sentencia de prisión, en la que estaban incluidos la madre de Wai Wai, su hermana, su hermano y ella misma.