Venezuela tiene a 65 por ciento de sus hogares sumidos en la pobreza, su perfil de nutrición e ingresos se compara con el de países africanos y es de lejos el peor de América del Sur, según mostró la versión 2020 de un estudio sobre su población conducido por universidades desde 2014.
En la terraza de la casa taller del diseñador Jorge Luis de la Fuente, cada rincón y hasta las vigas que cargan el techo esconden algún artefacto o pieza que demuestran su dedicación por más de 16 años a la invención y el reciclaje de plásticos en Cuba.
En las penumbras de una noche helada, la inmensa Plaza de Mayo parece vacía. Pero sobre uno de los costados, cientos de personas se agolpan frente a mesas en las que se reparten ropa de abrigo y comida caliente. Son los necesitados de la capital de Argentina, cada vez más numerosos y sometidos a una situación más dramática con la llegada del invierno.
La vieja y todavía irresuelta crisis habitacional de Cuba, que obliga a la convivencia de numerosas personas en pequeñas viviendas y locales, en muchos casos en situación de deterioro, es uno de los problemas sociales más sensibles en el país.
Entre los pasillos estrechos y oscuros de la Villa 21, a solo 30 minutos en bus del centro de la capital argentina, viven en la pobreza más de 50.000 personas. Allí nació en 2010 La Garganta Poderosa, la revista que dio una voz propia a los “villeros” y cuyos integrantes hoy se sienten bajo amenaza.
“Pagar el alquiler o comer”, es la disyuntiva que empuja miles de personas pobres de las metrópolis a ocupar viejos inmuebles vacíos, una forma de lucha por vivienda que se ha intensificado en Brasil y que abre caminos hacia ciudades menos injustas.
Al borde del amasijo de caminos en la parte más profunda del barrio periférico capitalino del Husillo, abundan los carteles que anuncian la venta de materiales de la construcción, porque allí laboran pequeñas industrias privadas y se alza una planta estatal que recicla escombros.
“Acá empoderamos a las mujeres y no toleramos la violencia doméstica, que tratamos como cuestión nuestra, no intrafamiliar”, destaca Lurdinha Lopes, una lideresa del movimiento por la vivienda popular en Brasil.
La vivienda es el sector con mayor número de medidas legales en Cuba en las últimas décadas, pero también encabeza la lista de insatisfacciones entre la población, con un déficit oficial de 883.050 unidades, que podría subir a 900.000 al concluir el año, por las secuelas del huracán Irma.
La indígena ñañhú Maricela Fernández muestra los daños que el terremoto del día 19 infringió a la vieja casona donde vivían 10 familias de su pueblo, también conocido como otomí, en un barrio del centro-oeste de Ciudad de México.
El agravamiento de la crisis de vivienda en Brasil se manifiesta más crudamente después de tres años de crisis económica, que elevó a 13 millones las personas desempleadas, según las estadísticas oficiales.
Cuando la Organización de las Naciones Unidas ONU) redactó su último informe sobre lo que llama "el dramático cambio hacia la vida urbana”, pretendió trazar un retrato equilibrado de las oportunidades y los retos que genera el hecho de que 50 por ciento de la población del planeta viva en zonas urbanas.
La declaración de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), que debe aprobarse en octubre en Quito, ha hecho colisionar, otra vez, las posiciones del Norte industrial y del Sur en desarrollo.
Para los habitantes de Bajo Autopista, un barrio precario construido debajo de una vía rápida de la capital de Argentina, “los de afuera” son los que viven donde hay lo que a los de “adentro” les niegan. Una definición geográfica de la exclusión social, pero también una metáfora sobre la desigualdad urbana.
Los habitantes de la región minera de Antofagasta, en el norte de Chile, poseen en promedio el mayor ingreso interno por persona, mientras unas 4.000 de sus familias residen en precarios asentamientos informales, en una de las desigualdades más marcadas dentro del país.
La precaria situación de los jubilados en Chile empeoraría aún más si se aprueba una polémica iniciativa, que propone hipotecar sus viviendas para aumentar sus paupérrimas pensiones, la mayoría en manos privadas y que promedian 230 dólares mensuales.
Los carteles de “Se vende esta casa” y otros con el número de licencia de construcción, que abundan en los barrios de las ciudades de Cuba, atestiguan la reducción de controles en el derecho a la vivienda, aunque todavía el sector está entrampado por las regulaciones del Estado.